La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución Ecológica de 1991

This article aims to argue that, despite the fact that Colombia has an advanced legal framework regarding the rights of access to information, participation and justice in environmental matters and about environmental rights defenders based on the National Constitution, the major challenges presented by its effective implementation could be overcome through the ratification of the Escazú Agreement on this matter. Thus, this regional instrument would serve as a tool to improve the standards and achieve the protection of the environment in the country. Based on the research carried out, this paper concluded that this treaty is completely compatible with the Political Constitution and is a potentiator of the constitutional mandate. Its ratification would constitute a step towards the strengthening of several structural axes of the Constitution of 1991 and would demonstrate coherence between them. In this way, the legal implementation of the Escazú Agreement is a unique opportunity to reaffirm the commitments contained in the Ecological Constitution, thirty years after its promulgation.Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Política, su implementación efectiva presenta grandes desafíos que podrían ser superados a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú en esta materia. Este instrumento regional puede servir como una herramienta para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país. Con base en la investigación realizada, se concluye que el tratado es completamente compatible con la Carta Política y es un potencializador del mandato constitucional. Su ratificación significaría un paso hacia el fortalecimiento de varios ejes estructurales de la Constitución de 1991 y demostraría coherencia entre los mismos. La implementación jurídica del Acuerdo de Escazú es una oportunidad única para reafirmar los compromisos contenidos en la Constitución Ecológica, treinta años después de su promulgación

Armonización técnico-jurídica para el estudio y aplicación del régimen jurídico respecto a la explotación de yacimientos no convencionales mediante Fracking en Colombia

El Fracking es una técnica de extracción de crudo y gas de yacimientos no convencionales que ha despertado opiniones a favor como opiniones en contra, en gran parte debido a que su ejecución ocasiona sobre el ambiente una serie de presuntos impactos negativos, tales impactos se han visto contrastados con los impactos económicos positivos que traen el aprovechamiento de productos extraídos del subsuelo, que permiten una autosuficiencia y posicionamiento energéticos. Dicha práctica se ha visto enfrentada no solo a retos de carácter técnico, para mantener y garantizar la inocuidad de acuíferos y ecosistemas en el subsuelo que puedan verse afectados negativamente, en donde comisiones de expertos no han llegado a una conclusión definitiva de lo que puede ocurrir en el ambiente con plena certeza científica; sino también, retos de carácter jurídico, en donde las partes interesadas tampoco han llegado a un consenso en donde se establezca un marco legal efectivo, que prohíba o regule de manera estricta esta práctica; es decir, de varios intentos de regulación a la fecha solo hay un decreto en específico que regula las pruebas pilotos. Es ahí, en donde surge la necesidad de armonizar los elementos técnicos y los elementos jurídicos, más allá del principio de precaución como elemento de protección ambiental, para poder garantizar un verdadero desarrollo sostenible y el cumplimiento de la ley y la constitución colombiana; por lo cual, el presente artículo pretende estudiar lo que llamaremos grado de incertidumbre, régimen de licenciamiento ambiental y los fundamentos de las medidas de compensación, para poder determinar la viabilidad técnica y jurídica del Fracking en Colombia.#ArmonizaciónTécnicaJurídicaEstudioYAplicaciónRégimenJurídicoRespectoExplotaciónYacimientosNoConvencionalesMedianteFrackingEnColombia#ArmonizaciónTécnicaJurídicaEstudioYAplicaciónRégimenJurídicoRespectoExplotaciónYacimientos#AplicaciónRégimenJurídicoRespectoExplotaciónYacimientosNoConvencionalesMedianteFrackingEnColombiaAbstract Fracking is a technique for the extraction of crude oil and gas from unconventional fields, which has aroused opinions in favor as well as opinions against, because its execution causes a series of alleged negative impacts on the environment, such impacts have been contrasted with the positive economic impacts brought by the export of products extracted from the subsoil, which allow energy self-sufficiency, and energy positioning. Such practice has been faced not only with technical challenges, to maintain and guarantee the safety of aquifers and ecosystems in the subsoil that may be negatively affected, where expert commissions have not reached a definitive conclusion of what can occur in the environment with full scientific certainty; but also, challenges of a legal nature, where the interested parties have not reached a consensus where a regime is established that prohibits or strictly regulates this practice. It is there, where the need to harmonize the technical elements and the legal elements, beyond the precautionary principle as an element of environmental protection, in order to guarantee a true sustainable development and compliance with the law and the Colombian constitution; Therefore, this article aims to study what we will call the degree of uncertainty, the environmental licensing regime and the foundations of compensation measures, in order to determine the technical and legal viability of Fracking in Colombia

Conflictos ambientales en territorios de comunidades indígenas en Colombia

TablasEl derecho ambiental ha venido evolucionando notoriamente en la legislación colombiana, debido a las necesidades de conservación, uso, aprovechamiento y restauración de los diferentes recursos naturales existentes en la geografía nacional, su diversidad, los servicios eco-sistémicos que estos ofrecen, así como la creciente generación de litigios de origen ambiental, en donde se ven involucrados diferentes partes, entre las que se encuentran las comunidades indígenas. Por tal razón, la legislación colombiana ha previsto mecanismos de carácter preventivo y correctivo que buscan resolver los conflictos ambientales en estos territorios, aunque a pesar de la existencia de esos mecanismos, prevalecen sin resolverse algunas situaciones en las cuales las comunidades indígenas se oponen a determinados proyectos por considerar que atentan contra sus intereses o sus principios, y en general, porque pueden llegar a poner en riesgo la sostenibilidad ambiental, ya que no tienen en cuenta su forma propia de ver la vida y la relación con la naturaleza. Así las cosas, se presenta como alternativa un instrumento económico o financiero que permita evitar y gestionar estos conflictos ambientales.Environmental law has been evolving notably in Colombian legislation, due to the needs of conservation, use, exploitation and restoration of the different natural resources existing in the national geography, their diversity, the eco-systemic services they offer, as well as the growing generation of environmental litigation, in which different parties are involved, among which are indigenous communities. For this reason, Colombian legislation has established preventive and corrective mechanisms that seek to resolve environmental conflicts in these territories, although despite the existence of these mechanisms, some situations in which indigenous communities oppose certain situations prevail without being resolved projects to consider that violate their interests or their principies, and in general, because they can put environmental sustainability at risk, since they do not take into account their own way of seeing life and the relationship with nature. Thus, an economic or financial instrument is presented as an altemative to avoid and manage these environmental conflicts.MaestríaMagíster en Derecho del Estado con énfasis en Derecho de los Recursos Naturale

Mecanismos de participación ciudadana en relación con las actividades extractivas. Caso extracción de hidrocarburos en el municipio de San Bernardo

Con la Constitución Política de 1991, Colombia se define como una República regida por una democracia participativa y establece como deber del Estado el facilitar la participación de todos sus ciudadanos en las decisiones que los afectan en su vida económica, política, administrativa y cultural y, para tal efecto se crean mecanismos e instancias de participación. Sin embargo, el modelo de desarrollo económico basado en la extracción de recursos del subsuelo ha supuesto un reto ante esa voluntad de profundizar el proceso de democratización, puesto que las comunidades en donde se desarrollan o se planean desarrollar actividades extractivas han intentado frenar estos proyectos por medio de los mecanismos de participación que ha dispuesto el marco legal y los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional llevan a concluir que hay una desprotección al derecho a la participación. En este artículo se desarrolla una reflexión sobre los mecanismos e instancias de participación en el marco de las actividades extractivas y la posibilidad real de las comunidades para incidir en la toma de decisiones.With the Political Constitution of 1991, Colombia is defined as a Republic ruled by a participatory democracy and it establishes as a duty of the State to enable the involvement of all its citizens in the decisions that affect them in their economic, political, administrative and cultural life and, for this purpose, participatory bodies and mechanisms are created. However, the economic development model based on the extraction of subsoil resources has been a challenge to that willingness to deepen the process of democratization, since the communities where extractive activities are developed or planned have tried to stop these projects through participatory mechanisms provided by the legal framework, and the recent pronouncements of the Constitutional Court lead to conclude that there is a lack of protection to the right to participate. This paper develops a reflection on the participatory bodies and mechanisms within the framework of extractive activities and the real possibility of communities to influence decision making.Magíster en Gobierno del Territorio y Gestión PúblicaMaestrí

La unilateralidad de los actos administrativos en Colombia a partir del principio de participación en el marco de los procedimientos administrativos

This article analyses the impact of the constitutional principle of participation in the formation and structure of administrative decisions, based on a study of unilateralism, as a traditionally declared attribute of the administrative acts. Due to the importance of the principle of participation in the colombian legal system and under the formula of a Social and Democratic State governed by the rule of law, two scenarios of the administrative activity were selected: the granting of environmental licenses and collective bargaining of public employees. In order to determine, applying an inductive method, the way in which participation allows to question the features of the traditional theory of the administrative act, and recognizing nuances that make their typical attributes more flexible.Este artículo analiza la repercusión del principio constitucional de participación en la formación y estructura de las decisiones administrativas, a partir de un estudio de la unilateralidad como un atributo tradicionalmente predicado de los actos administrativos. En virtud de la importancia que exhibe el principio de participación en el ordenamiento jurídico colombiano y bajo la fórmula de Estado social y democrático de derecho, se seleccionaron dos escenarios de la actividad administrativa, concretamente el otorgamiento de licencias ambientales y la negociación colectiva de los empleados públicos, con el fin de determinar, a partir de la aplicación de un método inductivo dentro del análisis de estos ámbitos de referencia, la manera como la participación permite cuestionar los caracteres de la teoría tradicional del acto administrativo, además de reconocer matices que flexibilizan sus atributos típicos

Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura

Environmental conflicts have been growing in number in Colombia and in Latin America, and different public policies aimed at their resolution have emerged. Based on a literature review, we investigated how ‘positive change’ has been conceived in the country regarding environmental conflicts, and which conditions have been considered favorable for these changes. The concepts of resolution and transformation, although with differing conceptual origins and political implications, could be considered to be complementary in practice. Among the factors favorable to positive change in environmental conflicts, we found the strength of community organizations, the establishment of sustained dialogues that allow building trust, legal instruments that guarantee social participation in environmental decisions, and the social appropriation of different forms of knowledge. We conclude with some recommendations for the Regional Centers of Environmental Dialogue proposed by the Colombian government in 2018.Los conflictos ambientales han venido aumentando en Colombia y América Latina, y han emergido diferentes políticas públicas que le apuestan a resolverlos. Con base en una revisión de literatura, indagamos por las formas en que se han entendido los cambios positivos en los conflictos ambientales en el país, así como por las condiciones que se han identificado como favorables para estos cambios. Las nociones de resolución y transformación, aunque tienen diferentes genealogías conceptuales e implicaciones políticas, podrían ser consideradas complementarias en la práctica. Dentro de los factores favorables a los cambios positivos encontramos el fortalecimiento de la organización comunitaria, el establecimiento de procesos de diálogo sostenidos en el tiempo que permitan construir confianza, las herramientas legales que garanticen la participación social en las decisiones ambientales y la apropiación de diferentes formas de conocimiento. Concluimos con recomendaciones para la operación de los Centros Regionales de Diálogo Ambiental propuestos por el Estado colombiano en 2018.

La institucionalidad y la regulación minera en los países andinos: Bolivia (Estado Plurinacional de) Chile, Colombia, Ecuador y Perú

En un entorno de alta incertidumbre en la economía mundial, producto de los graves efectos provocados por la pandemia del COVID-19 y las alteraciones económicas producidas por la guerra entre Ucrania y Rusia, toma especial relevancia comprender las ventajas, limitaciones, semejanzas y desemejanzas de los marcos constitucionales y legales de la actividad minera en los países de la región. Este estudio busca contribuir con un análisis comparativo del sistema jurídico e institucional de la minería en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y el Perú, en especial los marcos constitucionales y regulaciones mineras legales en materia de propiedad, administración, regalías, medio ambiente y consulta previa, libre e informada. Los problemas comunes del diseño institucional del sector minero, las experiencias, y la curva de aprendizaje de las distintas entidades pueden entregar una pista de los elementos que se deben considerar para mejorar los marcos normativos e institucionales mineros de los países de la región.Resumen .-- Introducción .-- I. Instituciones públicas sectoriales y marco normativo minero . A. Marco jurídico e institucional de la minería: hitos y reformas. B. Institucionalidad pública minera .-- II. Propiedad de los recursos mineros y régimen concesional .-- III. Institucionalidad ambiental y de consulta previa .-- IV. Régimen fiscal y regalías .-- V. Reflexiones finales

El derecho al ambiente sano y la situación social y jurídica de los pobladores aledaños al relleno sanitario Doña Juana en Bogotá, D.C.

Las comunidades que residen en los sectores que rodean al relleno sanitario Doña Juana en Bogotá, D.C., vienen desarrollado formas de resistencia en defensa al ambiente sano como derecho colectivo constitucional, debido a que las circunstancias y las condiciones ambientales de dicho relleno las han obligado, no solo interponiendo derechos de petición, tutelas, acciones de cumplimiento sino, además, promoviendo acciones de grupo, derecho colectivo constitucional incorporado en el artículo 88 y desarrollado por la Ley 472 de 1998. Como ejemplo se puede señalar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el año 2007 (T. Admtivo. de Cundinamarca, Sentencia A. G. 99-0002 / 00-0003, Col.). Así mismo, la comunidad se ha manifestado en múltiples oportunidades dando a conocer su problemática constante, bloqueando vías del sector para exponer ante la sociedad y, especialmente, ante las autoridades encargadas del control y vigilancia del relleno sanitario Doña Juana. Sin embargo, la ciudadanía se ha visto enfrentada a autoridades renuentes a darle solución a la problemática de vectores que afectan la salud y el ambiente, pues lo que busca la comunidad es erradicar las plagas y enfermedades que ha traído consigo la expansión de la población en la zona y, por ende, el incremento de la cantidad de residuos depositados en dicho relleno, por ello lo que buscan es que se cree otro lugar para disponer los residuos sólidos que la ciudad y municipios cercanos producen. No obstante, a la población más afectada no se le ha ofrecido por parte de las autoridades distritales la posibilidad de residir en otra zona, pues lo único que han hecho es mejorar sus viviendas (en cuanto a terminación de construcción)

El ejercicio del derecho de acceso a la información en asuntos ambientales en Colombia

Con base en la pregunta ¿Cómo ha sido el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991? el artículo fijó como objetivo general comprender las condiciones en las cuales se da el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental a partir de esa Carta Política, pero asume antes el compromiso de propone una conceptualización jurídica sobre la información ambiental que contribuya a definir senderos de seguridad que faciliten el ejercicio del derecho de acceso. Para ello se empleó una metodología cualitativa, incluyendo los métodos hermenéutico y fenomenológico, y la entrevista semiestructurada a profundidad como técnica de recolección de información, la cual siguió una línea de corte deductivo que partió por indagar la valoración del ejercicio del derecho de acceso a la información en general, luego sobre el ejercicio de ese derecho de acceso en asuntos ambientales, y finalmente, sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental cuando resulta necesario para acceder a la justicia. Lo anterior permitió develar la interdependencia material entre los derechos de acceso en asuntos ambientales, así como la imperiosa necesidad de agotar la judicialización para realizar el acceso y ver garantizada la información que luego es necesaria para poder emprender nuevas acciones judiciales

Extensión Ambiental I : Nociones básicas de Derecho Ambiental

La presente publicación, elaborada por la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, aborda y desarrolla en 14 artículos, una serie de temas básicos y de vital importancia para el Derecho Ambiental. En concreto, los autores, bajo la dirección del abogado y profesor universitario Aníbal J. Falbo, pionero y precursor en la defensa jurídica del ambiente, y con la coordinación de la abogada Gabriela M. Cosentino; analizan de manera seria, profunda y reflexiva las siguientes temáticas: el concepto de ambiente, el derecho ambiental, la calidad de vida, los presupuestos mínimos de protección ambiental y su contenido multidimensional, el desarrollo sustentable, la protección del paisaje, el patrimonio cultural, el artículo 41 de la Constitución Nacional en el siglo XXI, el principio de prevención, el principio precautorio, el principio de responsabilidad, el principio de progresividad y el recorrido hacia su plena efectividad, el ordenamiento ambiental del territorio y el derecho a la información ambiental. Confiamos, en que esta obra colectiva se constituya en un aporte claro, útil, y valioso para la tutela jurídica del ambiente y de las generaciones presentes tanto como de las futuras.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociale